“...La Sala de Apelaciones concluye en la inexistencia del agravio deducido mediante el recurso de apelación especial, por cuanto que el Tribunal sentenciador es claro al indicar el valor que le otorga a los medios probatorios aportados al proceso. De esa cuenta es, que al revisar la logicidad del fallo recurrido, considera que la valoración del testimonio de la agraviada ostenta sustento jurídico, con base en que ésta también es testigo presencial del hecho. Como tal, de manera contundente su dicho ubica a la procesada en el lugar y los días en que estuvo en cautiverio (secuestrada); así como que es la persona a quien escuchaba hablar constantemente, habiéndola reconocido por medio de la voz. Este testimonio concatenado con la restante prueba testimonial y documental, dan la certeza jurídica de la participación de la procesada en el ilícito relacionado, pues tenía conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Efectivamente, tal y como el Tribunal sentenciador lo acreditó, la función de ésta en el grupo delincuencial que participó en los hechos relacionados, consistía en preparar los alimentos para la víctima y sus victimarios, y haber cedido el lugar de su residencia para mantener cautiva a la ofendida, cooperando en el mismo. La Sala objetada, en su razonamiento también estima que la valoración de la prueba testimonial relacionada encuentra fundamento legal, debido a que la misma se confirma con la diligencia de allanamiento e inspección del lugar del cautiverio, el cual fue reconocido por la víctima aportando una serie de detalles que percibió por medio de los sentidos del tacto, oído y vista. Mediante esa labor intelectual, se fundamenta la decisión acordada por el Tribunal de la alzada, considerándose que dichos razonamientos son comprensibles y hacen entendible la decisión asumida por el ad quem. Por consiguiente no existe el vicio de falta de fundamentación alegado por la casacionista, motivo por el cual debe declararse improcedente el recurso objeto de estudio...”